RECHAZA DIPUTADO ALEJANDRO OJEDA CUALQUIER ALBAZO PARA APROBAR LEY DE SEGURIDAD INTERNA

 
·         El vicepresidente de la Cámara de Diputados acusa a priistas de pretender meter a la agenda legislativa otro tema candente que sólo avivará el  reclamo popular
 
·         Lamenta que sea el propio Ejecutivo Federal y los legisladores del PRI quienes sean los promotores de la inestabilidad social
 
·         Asegura que se quiere imponer el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública como un distractor ante el gasolinazo
 
Al rechazar cualquier albazo para aprobar la Ley de Seguridad Interior, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, aseguró que se intenta imponer el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública como un distractor ante el reclamo social en contra del gasolinazo.
 
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que los legisladores priistas no pueden hacer oídos sordos al clamor popular de echar atrás el gasolinazo y al mismo tiempo pretender meter a la agenda legislativa otro tema candente que sólo avivará el  reclamo social en contra del actual régimen.
 
Recordó que en su momento advirtió que el gasolinazo implementado por el Gobierno Federal generaría un clima de inestabilidad social y de descontento, tal como está sucediendo en este momento, pero tanto la administración pública que encabeza Enrique Peña Nieto, como los legisladores priistas que hoy cuentan con la mayoría en el Congreso de la Unión, hicieron oídos sordos.
 
Declaró que tal parece que los priistas no ven ni escuchan el hartazgo de la sociedad  por las decisiones tomadas en lo que va del sexenio, ya que con todas las reformas estructurales que van desde la laboral, pasando por la educativa hasta la energética, lo único que han provocado es el quebranto de derechos de la población en general, así como la pérdida de soberanía en el manejo de nuestros recursos naturales, como es el caso del petróleo, que hoy está en riesgo de quedar en manos de extranjeros.
 
Sostuvo que el Ejecutivo Federal y los diputados y senadores priistas están haciendo todo lo posible por desestabilizar a la nación con el único interés de mantener un proyecto económico que ha demostrado su fracaso, pues su supuesta pretensión, entre otras, que era la de reducir los costos de los energéticos tanto de combustibles como de la electricidad, quedaron sepultados bajo tierra.
 
Reiteró que debatir la participación del ejército en materia de seguridad pública en este momento es muy delicado, pues podría abrirse la puerta a la represión militar en contra de las manifestaciones de descontento no sólo por el gasolinazo, sino por la política económica en general implementada por este gobierno neoliberal.
 
El diputado Alejandro Ojeda dijo que es inadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario para tratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor para sacar adelante La ley de Seguridad Interior.
 
Además, subrayó que cualquier reglamentación que se pretenda hacer para normar la participación del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas.
 
El legislador perredista subrayó que no se puede firmar un papel en blanco para permitir que los militares entren a una casa sin orden de cateo o delito flagrante.
 
Insistió en que sacar de su domicilio o detener a la fuerza a cualquier persona y subirlo a camionetas oficiales o no, sin que exista caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito ni orden de aprehensión y, lo que es peor, llevárselos con rumbo desconocido, debe considerarse como un delito grave y tipificarse como desaparición forzada.
 
Pidió escuchar a las organizaciones no gubernamentales que advierten sobre la amenaza en contra de los derechos humanos y el Estado de Derecho, ante la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión, que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública.
 
Es más, afirmó, en esta discusión se excluye deliberadamente el tema de los derechos humanos, pues se sigue omitiendo la aprobación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas, que está pendiente desde hace un año.