OBLIGADO CONGRESO DE LA UNIÓN A ATENDER PETICIÓN DE CNDH EN MATERIA DE DESAPARICIONES FORZADAS

 
 
·         Diputados y senadores no pueden seguir evadiendo su responsabilidad ante el pueblo de México, expresa el legislador Alejandro Ojeda
 
·         El vicepresidente de la Cámara Baja demanda que se dictamine y se apruebe la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas
 
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, llamó a no ser omisos y atender a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pidió al Congreso de la Unión expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.
 
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró que mientras siguen apareciendo en el país las fosas clandestinas con infinidad de restos humanos, tanto diputados como senadores prefieren voltear la vista para otro lado y seguir evadiendo su responsabilidad con el pueblo de México.
 
Por lo anterior, llamó una vez más, a que se dictamine en comisiones dicha legislación para que se lleve al pleno de la Cámara Baja y se apruebe antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones o, si es el caso, como se pretende hacer con la Ley de Seguridad Interior, se contemple un extraordinario para su aprobación.
 
Dijo que los datos que dio a conocer por la CNDH son lapidarios y hablan de la magnitud del problema, como el hecho de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, reportó que  a octubre de 2016 suman 29 mil 903.
 
Expresó que el Congreso de la Unión debe analizar y dictaminar sobre las propuestas del principal organismo de defensa de los derechos humanos, que planteó tipificar el delito de desaparición forzada como imprescriptibles, autónomos, continuos o permanentes.
 
Recordó que la CNDH también propuso la obligación de los órganos de procuración de justicia del país de contar con agentes del Ministerio Público especializados en búsqueda de personas desparecidas.
 
Indicó que los recientes hallazgos de fosas clandestinas en Veracruz y Morelos, dan cuenta del horror que se está viviendo en México en materia de desapariciones forzadas, ya que se puede encontrar restos de una familia que fue a pasear a la entidad veracruzana, como lo dieron a conocer las autoridades, hasta jóvenes que sin más desaparecieron por encontrarse en el lugar y el momento equivocados.
 
El diputado Alejandro Ojeda aseveró que el gobierno mexicano debe dejar atrás el discurso de que sólo se trata de ajuste de cuentas entre delincuentes, porque la realidad muestra que se está afectando a la sociedad civil y cada vez se sabe de más casos donde las víctimas son inocentes y cuyas investigaciones quedan en la opacidad por la presumible implicación de las autoridades en los hechos.
 
Reiteró y no se cansará de hacerlo, que desde el pasado 6 de enero del año 2016 se cumplió el plazo constitucional para que el Congreso de la Unión emitiera la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, sin embargo el grupo parlamentario del PRI y la Comisión de Justicia, cuyo presidente justamente es integrante de dicho Grupo Parlamentario, han mantenido en la congeladora la iniciativa.
 
“La presentamos desde el 2015, Iniciativa contra la Desaparición Forzada de Personas, sin embargo la Comisión de Justicia a la que fue turnada ni siquiera tiene un proyecto de dictamen”, aseguró.
 
Desafortunadamente, comentó, no se ve mayor interés de parte del grupo parlamentario mayoritario, por sacar adelante esta ley que se hace imprescindible, sobre todo, por los momentos de horror que atraviesa México.
 
Sostuvo que los datos que están saliendo a la luz pública sobre desapariciones forzadas, son comparables únicamente con países en los que existen conflictos bélicos y nulo respeto por los derechos humanos, de ahí la urgencia de tener una ley donde quede plasmada la obligación del Estado para garantizar la búsqueda e investigación en los casos de desaparición forzada, así como asegurar el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación del daño.