Protección de periodistas en México

Sen. Dolores Padierna Luna: Los asesinatos de Cecilio Pineda en Veracruz, de Ricardo Monlui en Guerrero y de Miroslava Breach en Chihuahua han vuelto a colocar ante la conciencia pública la adversidad y la fragilidad en la que desarrollan su trabajo las y los compañeros de los medios de comunicación. México enfrenta una crisis de violencia, y en el medio de ella las y los periodistas se han convertido en uno de los grupos más vulnerables al crimen.

Los recientes crímenes son parte de una persecución sistemática en contra del gremio, cuyo objetivo es silenciar a quienes investigan y denuncian los hechos de violencia y corrupción.

Por ello, el Estado mexicano debe seguir los principios que tutelan el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo; y obedecer los diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de todo individuo “a la libertad de opinión y de expresión”, el cual incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Este derecho es ratificado en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y precisa que “el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas […].”

Ahora bien, a partir de este artículo 13, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, pues consideró que “la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho humano fundamental.”

Con el objetivo de asentar las bases para proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas y en materia de violencia perpetrada en contra de periodistas, la Declaración dice:

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

La Propuesta que nosotros hacemos de modificación al sexto constitucional obedece a que nivel local, aquí en la Ciudad de México, nuestro país cuenta con una experiencia reciente encaminada a hacer de estos principios internacionales del derecho internacional, del que México forma parte, volverlo una realidad en nuestro país.

A inicios de este año, en el seno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se discutió y aprobó por unanimidad, establecer en su artículo siete, la disposición expresa que garantiza la seguridad y los derechos de las personas que ejercen el periodismo.

Gracias a la voluntad y madurez política de las y los constituyentes, esta garantía es uno de los principios de la Libertad de Expresión en la Ciudad; la cual, a su vez, es parte de los derechos reconocidos en la carta de la Ciudad Democrática, al lado del derecho a la buena administración pública o el derecho a la libertad de reunión y asociación, y al derecho a la participación política paritaria, entre varios más.

Esto es así, ya que sin las personas que consagran sus vidas al trabajo de la información, el libre debate de las ideas y el desarrollo efectivo del proceso democrático no serían posibles.

Quienes suscribimos la presente iniciativa, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD consideramos que esta garantía debe expandirse más allá de los límites de la Ciudad de México.

Y para que ello ocurra es indispensable modificar nuestra Carta Magna en su artículo sexto, a fin de plasmar el compromiso de todo el Estado mexicano con las personas que ejercen el periodismo.

La propuesta es retomar el texto de avanzada que ahora existe en la Ciudad de México, para adicionar dos nuevos párrafos al artículo sexto de la Constitución federal, para que quede de la siguiente manera:

Artículo sexto, se agrega el párrafo tercero: “Las personas profesionales de la información tienen el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, el cual salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal, profesional e independencia”.

Se agrega también un nuevo párrafo cuarto, que diría: “El Estado garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que, quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad.

Esto sería la propuesta del PRD ante la coyuntura de adversidad que viven las personas que ejercen el periodismo en nuestro país, muchas gracias.