Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura

 

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU visitó México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situación de tortura y cooperar con el Estado en su prevención y erradicación de este mal.

Nosotras, nosotros coincidimos con el Relator en el sentido de que el más grave problema vinculado a la tortura es la impunidad y la ausencia de mecanismos integrales y coordinados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura desde una perspectiva de derechos humanos.

El 28 de abril de 2016 aprobamos en el Senado un dictamen que integraba varios de los estándares internacionales en esta materia, la mayoría de las recomendaciones se formulaba al Estado Mexicano y las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y observaciones, y la colegisladora nos entrega una minuta con varios avances:

Uno, la prohibición absoluta y explícita en la Ley a todo acto de tortura y a cualquier otro acto que sea considerado como trato cruel, degradante e inhumano, lo cual fortalece el dictamen.

Segundo, se deberán hacer peritajes externos e independientes para la revisión

médica y psicológica de la persona que haya sufrido la tortura y esos peritajes deberán ser integrados obligatoriamente a las carpetas de investigación que la autoridades ministeriales.

Tres, el fortalecimiento de la reglamentación del Mecanismo Nacional de Prevención es también otro aporte muy relevante. El mecanismo contará ahora con mayores facultades y con una estructura básica para su funcionamiento, podrá contar con expertos y especialistas en la materia.

Adicionalmente atenderá quejas, emitirá informes, hará evaluaciones y propuestas de políticas públicas para la prevención investigación, sanción y erradicación de la tortura en México.

En cuanto a la competencia Federal para la investigar estos delitos, la colegisladora reformuló los supuestos que aprobó el Senado y establece una obligatoriedad de investigar a partir de resoluciones o sentencias que formulen los organismos internacionales al Estado Mexicano.

También, el presente dictamen propone flexibilizar la regla de procedencia de la investigación de tortura, previéndose que será de oficio, por denuncia o por vista de la autoridad judicial.

Con ello no será necesaria la existencia de indicios y otros requisitos, se eliminan prácticamente todos los requisitos de procedibilidad pues ya incluyen todas las pociones vigentes.

Un asunto muy importante es el que se refiere a la validez de las pruebas que sean obtenidas mediante tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos o cualquier otra violación a los derechos humanos.

El dictamen propone que se amplíe la fórmula y se actualice en la norma, lo que se ha llamado en tribunales como el “efecto corruptor” de la prueba; es decir, se excluye toda prueba que haya sido obtenida mediante tortura, se elimina el criterio de la Suprema Corte que decía que algunas pruebas obtenidas bajo tortura si eran aceptadas.

Con este dictamen, cualquier prueba conseguida mediante tortura queda desechada. La nueva redacción está de conformidad con los estándares internacionales en la materia y representa, sin lugar a dudas, un avance muy importante.

Además, se establece el principio pro persona y el principio de la aplicación de la ley más benéfica, a las personas que se encuentren privadas de su libertad y en los casos, de cuyo proceso se hubiesen utilizado pruebas directa o indirectamente bajo tortura o la violación a derechos humanos, se les da el derecho de presentar recursos extraordinarios, incidentales o de cualquier naturaleza con la intención de poder invocar esta legislación y con ello promover una revisión de su situación jurídica.

Esta modificación es sustantiva, ya que muchos de los casos donde se argumenta que hubo tortura, se encuentra ante la imposibilidad jurídica para ser analizados desde la perspectiva integral de los Derechos Humanos.

Por lo que esta ley abrirá la puerta a que muchos de los casos pudiesen ser revisados por el Poder Judicial.

En un país como el nuestro en donde en un periodo de 12 años -2005 al 2013- tan sólo se han emitido, dictado, 4 sentencias condenatorias por el delito de tortura según las cifras del Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable fortalecer el marco legal, para evitar que cientos de casos que presentan en el país, queden en la impunidad, pues esto genera un efecto de permisividad social y de tolerancia hacia los perpetradores.

Votaremos, como PRD votaremos a favor de este dictamen, porque representan la parte final de un largo proceso de discusión, consultas y trabajo en ambas Cámaras del Congreso, mismo arroja una legislación integral, consolidada y acorde con los estándares internacionales en la materia.

Votaremos favor, para expresar nuestro repudio total a cualquier acto de tortura, trato cruel, degradante e inhumano que se cometen en el país. Votamos a favor para combatir la impunidad en la investigación de estos casos. Votamos a favor de consolidar un marco legal que garantice la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de este mal endémico que nos afecta como sociedad y afecta sobre manera a nuestras instituciones.

Muchas gracias.